El nuevo índice de precios plantea una revisión de los logros de la última década

El nuevo índice oficial de precios representa un paso positivo para recuperar confianza. Considerando la divergencia con el índice anterior, es un reconocimiento de que estas mediciones fueron subestimaciones o metodológicamente inadecuadas. Y si así fuera, plantea la necesidad de revisar estimaciones de índice de pobreza y reconocer una situación social sustancialmente más delicada que la presentada por los reportes oficiales.

Finalmente el gobierno anunció los resultados del nuevo índice de precios, llamado Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNU), elaborado por el INDEC. El nuevo estimador de variación de precios arrojó un alza del 3,7% para el mes de enero y de 3,4% para febrero.

Dado que hay cambios metodológicos importantes (aumento de la muestra de comercios y bienes relevados, modificación de los ponderadores de precios, cobertura territorial), el resultado no se puede comparar con la estimación oficial de inflación del mes anterior (1,4%) o del promedio del 2013 según INDEC (0,9%). Si se puede afirmar que entre cambios metodológicos y aumentos de precios, la tasa de inflación medida por el gobierno se ha duplicado si se la compara con el mes de diciembre y más que triplicado si se lo compara con el promedio del año pasado.

El nuevo índice ha acortado significativamente la diferencia con respecto al promedio de mediciones privadas, aunque todavía se ubica aproximadamente un 20% por debajo (tomando como índice de referencia el IPC Congreso con el 4,6%).

Esta diferencia en enero en parte podría fundamentarse en dos factores. En primer lugar, la mayor parte de los índices de consultoras toman su muestra en Ciudad de Buenos Aires que tuvo importante ajustes de tarifas en servicios públicos (transporte). En segundo lugar, el índice oficial presumiblemente se apoyaría más en productos alcanzados por el programa oficial “precios cuidados” acordados con principales formadores de precios.

El anuncio representa un paso en dirección a la normalización de la política económica. Si es como afirman los funcionarios oficiales que se trata de un índice representativo, el gobierno en forma implícita hace un reconocimiento público del problema de la inflación. Entonces, cabe preguntarse ¿que representó la supuesta inflación medida en los últimos años de acuerdo al IPC oficial? Por supuesto, la incógnita sería develada por un cálculo retroactivo del nuevo IPCNU para identificar si podría haber divergencias con la anterior medición oficial y de que magnitud. Este cálculo no se hará, pero cabe presumir que arrojaría grandes diferencias dado que el nuevo IPCNU se parece más a la estimación de consultoras privadas que del INDEC. Y si así fuera, el nuevo índice también es un reconocimiento de la desinformación generada por el mismo gobierno en los últimos años dado que confirmaría una medición de inflación incompleta, defectuosa o sesgada. Por otra parte, en cierta medida respaldaría el trabajo de consultores privados que el gobierno ha denunciado frente a la Justicia por el supuesto delito de manipulación de la opinión pública.

La importancia práctica de esta discusión se puede reflejar a través de un sencillo ejemplo. Si en enero de 2007, mes en que comienza a evidenciarse la divergencia entre mediciones oficiales y privadas, una persona hubiera decidido atesorar 100 pesos, considerando la inflación medida por el INDEC, equivaldría a disponer de 35 pesos; es decir, perdió el 65% del poder de compra. Este mismo calculo con inflación según consultoras privadas habría arrojado una pérdida del 75% (sería equivalente a disponer hoy de $25).

Si esta persona, en enero de 2007 hubiera optado por comprar dólares, al tipo de cambio oficial del momento ($3,10 por dólar) dispondría de 32 dólares. Si los hubiera atesorado hasta fines de enero pasado, tendría el equivalente de $257 (al tipo de cambio oficial de $8,03). En el mismo período, como los precios crecieron más del 300% según mediciones privadas, para mantener el poder adquisitivo de su ingreso necesitaría de casi $400. Si el cálculo se hubiera hecho tomando el dato de la inflación oficial (185%), debería disponer hoy de $285 y por lo tanto su pérdida de poder adquisitivo sería de menos del 10% (surge de restar 257 a 285 y dividirlo por 285). Es decir que atesorando dólares al tipo de cambio oficial habría perdido el 36% de su poder adquisitivo si la inflación fuera la que informa el sector privado y menos del 10% si la medición correcta fuera la oficial. Estos simples ejemplos destacan el efecto generado por la inflación de pérdida de poder adquisitivo sobre los tenedores de pesos y la diferencia del daño si se tomaran índice privados y oficiales.

Pero esto es pasado y considerando la complicada situación actual del país conviene evaluar sus efectos en el presente y futuro. La medida es un paso positivo, representa la intención de sincerar estadísticas, forzada por la necesidad de un acercamiento con organismos internacionales (FMI) para intentar recuperar el acceso al financiamiento externo y evitar sanciones que profundizarían el aislamiento del mercado internacional. Es importante aclarar, si bien el gobierno podría cumplir con un requisito ineludible, esto es apenas una condición para seguir negociando pero no asegura progresos.

El nuevo índice realizará un aporte para ordenar las negociaciones salariales entre empresas y sindicatos, al menos fijando un piso de “inflación mínima” que valide reclamos de representantes gremiales y una referencia quizás más accesible para empresas en sectores con problemas de rentabilidad.

Una de las preguntas mas importantes que surge es ¿qué pasará con las mediciones de pobreza? Si se mantiene la tendencia actual (aún contemplando, el impacto extraordinario de la devaluación de enero y otros efectos estacionales que tienden a ubicar la inflación del mes por encima del promedio mensual), los índices reflejaran un deterioro significativo, diluyendo los logros y generando dudas sobre los logros históricos en esta materia del gobierno.

Pero lo credibilidad del nuevo índice requiere de más mediciones. La tentación de “resolver” la inflación por la vía fácil seguirá estando al alcance, aunque la reincidencia deje al gobierno atrapado en un camino sin retorno.